𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚 𝐌𝐚𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐚𝐮𝐝𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐩ú𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥

Como parte de la convocatoria del Gobierno Federal para recoger las opiniones de la ciudadanía sobre el futuro del sistema democrático, se realizó la Audiencia Pública para la Reforma Electoral, organizada por la Comisión Presidencial.
El evento cuya sede fue la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, estuvo encabezado por el Mtro. Bernardo Valle Monroy, en representación de la Secretaria de Gobernación, Mtra. Rosa Icela Rodríguez Velázquez; y la Mtra. Patricia del Carmen Conde Ruiz por parte del Gobierno del Estado de Chiapas.
En su participación la Mtra. Magali Arellano Córdova, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, subrayó que es urgente de dar fuerza jurídica a las sentencias emitidas en casos de Violencia Política en Razón de Género; y explicó que los tribunales electorales pueden sancionar, pero no pueden suspender derechos políticos, incluso cuando una persona ha sido responsable de ejercer violencia contra las mujeres. Esto limita gravemente la capacidad del Estado para proteger sus derechos.
“La reforma constitucional de 2023 “3 de 3 contra la violencia” fue un gran avance. Sin embargo, su aplicación depende de una sentencia penal firme o de ser deudor alimentario moroso, lo cual deja fuera las resoluciones de los tribunales electorales, que son más especializadas y expeditas”, enfatizó.
En tal virtud, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, propuso una reforma constitucional al artículo 38 para que las resoluciones de los tribunales electorales tengan efectos jurídicos concretos, como el no registro de una persona como candidata ni nombrada en cargos públicos, si fue sancionada por VPMRG; esto significa reconocer la competencia especializada de los tribunales electorales, y dotar de fuerza constitucional a sus resoluciones, sin necesidad de recurrir al fuero penal.
Esta propuesta deberá puntualizar que “cuando exista resolución firme emitida por autoridad electoral que acredite actos de violencia política en razón de género, ésta tenga como efecto la inhabilitación temporal o definitiva para cargos públicos”, además que deberán armonizarse las leyes secundarias, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la de Medios de Impugnación, para que la inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas se traduzca automáticamente en no elegible; y la Ley de Responsabilidades Administrativas, para que la sanción electoral firme sea causal de inhabilitación en el servicio público.
En este evento al que también asistieron por parte del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, la Mtra. Sofía Ruiz Olvera, Magistrada, y el Dr. Moisés Espinosa Mota, Magistrado, al auditorio de Los Constituyentes de la UNACH, la Magistrada Presidenta afirmó que de lograrse esta reforma, se daría contenido efectivo al Registro de Personas Sancionadas; se fortalecerán los tribunales electorales como garantes de los derechos político-electorales de las mujeres; y disminuirá la impunidad, al evitar la revictimización de las mujeres en procesos penales.