Filo y Sofía

Límites entre Chiapas y Oaxaca son muy claros y no compromete la propiedad de quienes tienen tierras en ambas fronteras

Mary Jose Díaz Flores / F&S

Establecer los límites entre Chiapas y Oaxaca en la zona de Los Chimalapas, no compromete para nada la propiedad de las personas que habitan en ambas fronteras, al contrario los gobiernos de ambos estados están obligados a brindar los servicios que corresponde a quienes se quedaron principalmente del lado de Oaxaca tras la delimitación y desaparición del municipio de Belisario Domínguez, creado por el exgobernador Juan Sabines Guerrero, en una zona que no correspondía a Chiapas y que da origen a la controversia constitucional.
El análisis de la SCJN se basó en datos históricos y puntos limítrofes que rigieron desde 1549 a la Nueva España y Capitanía General de Guatemala y, que hoy integran la Frontera entre Oaxaca y Chiapas, pero no hubo una consulta entre los pueblos y comunidades indígenas de la región ni se tomaron en cuenta conflictos políticos que podían derivarse con la determinación que ha generado incertidumbre en la posesión de las tierras.
Por tal motivo, el gobierno del estado de Chiapas dio a conocer en un comunicado de prensa que hay certeza en la propiedad de quienes habitan en esa zona y que en ningún momento se pone en riesgo los servicios y derechos de las 17 comunidades asentadas en la zona limítrofe con el estado de Oaxaca pues la decisión de la SCJN no afecta los derechos y la posesión de las tierras de los ejidos y comunidades agrarias, así como tampoco varía su régimen agrario.
Sin embargo, la incertidumbre de los habitantes de esta zona no se ha hecho esperar porque los efectos de la determinación de la Suprema Corte de Justicia no fueron muy claros y de inmediato un grupo armado hizo acto de presencia a través de videos difundidos en el que advierten que no permitirán que les arrebaten sus tierras, pero ojo, la desinformación no debe llegar a tanto, se requiere que los habitantes de las comunidades de la zona sepan que la propiedad no está en riesgo, Oaxaca no puede expulsarlos del territorio, solo está obligado en todo caso; a proveerles de todos los servicios.
Cabe mencionar que la controversia constitucional fue interpuesta hace 10 años sobre los Chimalapas, derivado de la creación de Belisario Domínguez, mismo que desaparece con la resolución emitida en 2021 y regresa las 160 mil hectáreas a Oaxaca. El tema no tuvo seguimiento por gobiernos pasados, de tal forma, que una vez agotados los términos constitucionales, el gobierno en funciones no pudo hacer nada en defensa del territorio, sobre todo para evitar la zozobra y la violencia en esa zona considerada de tensión por décadas.

 

Actualmente, tanto chiapanecos como oaxaqueños han fijado posturas radicales. En Chiapas se rechaza el fallo y se presentan armados para defender sus derechos; en Oaxaca demandan la presencia de la Guardia Nacional para evitar agresiones. Ambos estados tienen 30 meses para cumplir con el mandato de la corte, pero tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo de Chiapas, están obligados a generar comunicación permanente con los habitantes de esta región para evitar acciones violentas que vulneren el estado de derecho.
En este sentido, el Congreso del Estado, pugnó porque regrese la Comisión de Los Chimalapas, la cual desapareció porque nadie esperaba esta sentencia judicial inapelable que es festejada por los oaxaqueños pero rechazada por los chiapanecos sobre todo de Rafael Cal y Mayor y los ganaderos que expresan estar profundamente molestos por esta decisión, aunque insistimos, no afecta de ninguna manera su patrimonio.
En fin, en el caso de Chiapas, el gobierno se compromete a garantizar el estado de derecho, reiterando al mismo tiempo, su disposición con todos los actores para lograr una solución armoniosa que evite un escalamiento de violencia o ingobernabilidad en la zona, aunque la pregunta es si la Secretaría de Gobierno de la entidad, tiene la capacidad para lograr este fin de no violencia, pues en otros escenarios ha dejado mucho que desear.
Además de que la solución de este tipo de conflictos es muy difícil porque se involucra a comuneros que defienden la tierra como un bien común; los ejdatarios que se rigen por asamblea y la propiedad privada que involucra a terratenientes y ganaderos compañías agrícolas, forestales y de construcción, mineras y empresas en general, que tienen como fin explotar los recursos naturales.
Y es que no se debe olvidar que este problema tiene sus antecedentes en 1940,cuando llegaron compañías madereras a Chiapas procedentes de Michoacán y se introdujeron a los bosques de Oaxaca, propiciando asentamientos de sus peones en ejidos que estaban dentro de los bienes comunales de los Chimalapas.
A decir de investigadores el conflicto no es con el estado de Chiapas, defendiendo una soberanía oaxaqueña sui géneris. El conflicto es con ejidatarios que se encuentran en terrenos comunales de los Chimalapas y dicen ser parte de municipios chiapanecos pero que son impulsados por caciques y otros grupos que aprovechan para hacer de las suyas de manera ilegal en esta controvertida región.

Con Filo
La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, María de los Ángeles Trejo Huerta, sostuvo reunión de trabajo con mujeres de diversos municipios del Estado de Chiapas, asociaciones civiles y representantes de éstas, en la que trazaron objetivos comunes para el desarrollo y fortalecimiento de las mujeres y su participación en la vida política y económica del Estado. En este evento, indicó que con esta reunión de trabajo, se genera un vínculo sólido para que, se continúe en la implementación de acciones positivas a favor de todas las Chiapanecas en Materia de desarrollo económico y político; que les permita garantizar el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres de nuestro estado, porque en Chiapas, ¡Ninguna Ley a favor de las mujeres, debe ser letra muerta!

Maryjose52@hotmail.com
Cel 9615793947

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