COMENTARIO ZETA 

CARLOS Z. CADENA

Alerta: Se debe de investigar contaminación de Veolia, que ha provocado   más de 25 muertes.

No deja de preocupar y sobre todo un escenario tan desgarrador como es la “figura de  muerte” en la principal ciudad de Chiapas de ciudadanos que han fallecido  por los efectos del medioambiente del basurero cercano al Ejido “Emiliano Zapata”, pese a que desde hace dos años de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución de alerta para prevenir que seres humanos sufran de afectación en su salud por este imponderable basurero municipal que sigue matando gente.  Una postal donde la Comisión Estatal de los derechos Humanos también se ha hecho “pato”.

Hasta ahora el Estado mexicano ha sido omiso en el cumplimiento de lo ordenado por la CIDH, pese a que 25 personas han muerto, aparentemente por la exposición a los contaminantes que por más de dos décadas generó el basurero, que alguna vez manejó la empresa Proactiva, hoy denominada Veolia.

De acuerdo con el abogado defensor de los ejidatarios, Ángel Ancheyta Villafuerte, las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a investigar cómo afecta el basurero y el actual relleno sanitario a los habitantes, qué relación hay con las muertes y hasta qué punto el agua de los pozos cercanos se contaminó con los desechos.

“La corte tiene conocimiento de que 25 personas han muerto por cáncer gástrico, una afectación que es mayor en esta zona comparado con otras regiones del estado; también, en un análisis realizado por la Conagua, se determinó que los pozos tienen agua con rastros fecales y presencia de metales pesados como el aluminio y cromo, este último relacionado con la aparición de cáncer en los seres humanos, aunque, según ellos, la cantidad no rebasa los límites permitidos”. (Sic)

No obstante, recordó que durante más de dos décadas los habitantes estuvieron expuestos a la contaminación del basurero, generando con ello condiciones que podrían explicar la muerte de tantos habitantes por una misma afección. Señaló que la resolución 24/2019, y la medida cautelar 1498-18, no han sido acatadas, por ejemplo, por una de las autoridades que conforman el Estado mexicano, como lo es el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que hasta el momento no realiza la investigación ni el acompañamiento médicos de los pobladores enfermos.

Según lo que ordenó la corte, el Estado mexicano debe dar cobertura en salud a los habitantes del ejido, investigar las muertes, su posible relación con el basurero, el impacto que generó y cómo podría afectar el actual relleno sanitario que administra la misma empresa, conocida ahora como Veolia. (Sic). Así las cosas.

Chiapas con asignatura pendiente en favor de los pueblos y comunidades indígenas

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, Asociación Civil, organismo de Observación Electoral, José Manuel Blanco  Urbina, dijo  que Chiapas es el segundo Estado con mayor población indígena del país, el primero es Oaxaca, y tiene una ancestral deuda con nuestros pueblos y comunidades indígenas, quienes han sido históricamente discriminados por parte del Estado, y aun por parte de la sociedad misma, por lo que es de urgente necesidad pagar esa deuda y proceder legítimamente para garantizarles el pleno respeto a sus derechos político-electorales.

En pleno Proceso Electoral Federal 2020-2021 y el Proceso Electoral Local Concurrente de nuestra entidad, donde habrán de elegirse los 13 diputados federales, 24 diputados locales de mayoría relativa y 16 diputados de representación proporcional, así como los miembros de 124 ayuntamientos, desafortunadamente podemos observar que los derechos políticos electorales de nuestros pueblos originarios, otra vez no han sido respetados por los partidos políticos conforme la ley y los lineamientos electorales establecidos por Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Blanco Urbina, continuo diciendo que los diversas Resoluciones de los organismo electorales federales antes anotados, deben ser pauta a seguir y observados por los organismos electorales locales, como son el Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana, y del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, para vigilar su exacto cumplimiento, cumpliendo con todos los requisitos para el registro de las y los candidatos a diputados federales, diputados locales y los Ayuntamientos de Chiapas.

Es importantes señalar, expreso el Presidente de la CDHCH, que, de los 300 distritos electorales federales a nivel nacional, 28 distritos electorales federales están catalogados como indígenas, de los cuales el 50% corresponden a mujeres y 50% a hombres, y donde las candidatas(os), deben cumplir con los requisitos de auto adscripción indígena, acreditando el vínculo que tienen con su comunidad, debiéndolo hacer con documentos auténticos, a fin de tener una auto adscripción calificada.

De esos 28 distritos electorales federales indígenas, a Chiapas, le corresponden 5 distritos, a saber, el Dto. 01, con cabecera en Palenque; el Dto. O2, con cabecera en Bochil; Dto. 03, con cabecera en Ocosingo; Dto. 05, con cabecera en San Cristóbal de L.C., y el Dto. 11, con cabecera en Las Margaritas. En las diputaciones locales, son 9 distritos electorales indígenas.

Por ultimo termino diciendo Blanco Urbina, hoy que surge la inconformidad en los distritos electorales indígenas, preguntar tanto a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, así como al Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana, que parámetros se siguieron para acreditar el vínculo comunitario y con qué documentación fueron acreditadas las candidaturas, para haber sido aprobadas el registro de las y los candidatos a las diputaciones federales y locales indígenas hoy en disputa?

La Zona Arqueológica de Izapa, la vienen desbastando con complicidad del INAH

Desde el municipio de Tuxtla Chico, en la Costa de Chiapas, vienen exigiendo la presencia del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, ante la destrucción que se viene realizando dentro del territorio que comprende la denominada Zona Arqueológica de Izapa, donde una “Mafia de complicidades” entre servidores públicos del municipio, constructores y dueños de fraccionamientos y gente identificada con el INAH,  se han coludido para cometer esta infamia de destrucción de una Zona Arqueológica en esta frontera sur del país.

Inclusive hay postales donde pobladores de Tuxtla Chico detuvieron las obras de maquinaria pesada que dañó algunas estructuras y piezas históricas en la zona arqueológica de Izapa, a sólo unos minutos de la frontera con Guatemala. Han lanzado un SOS para evitar que sigan aperturando fraccionamientos en tierras mayenses del México antiguo.

En los cimientos que los mayas construyeron, así como pirámides medias, están enmontadas y ya comienzan a no distinguirse, además de la basura que se genera en los alrededores por la inconsciencia de la gente que transita por el lugar. Señalaron que apenas en 2019 fueron descubiertas 109 piezas, algunas en condiciones adversas que serán rehabilitadas, pero para tal labor se requiere de recursos federales, aunque la situación se vislumbra difícil debido a la indiferencia del INAH. En fin. Ver para creer.