FILO Y SOFÍA

 

Mary Jose Díaz Flores/

Tala ilegal ha sido permitida en Chiapas

La Fiscalía General del Estado implementó un operativo en la región Frailesca para salvaguardar el patrimonio ecológico, erradicar la industria forestal e inhibir la transformación ilegal de madera procedente de la tala clandestina; si bien en este momento son urgentes estas medidas, lo cierto es que todos saben donde están los aserraderos clandestinos y los jugosos negocios que representan para las autoridades, de tal forma que ante la contingencia ambiental es momento de aplicar la ley y cerrar los negocios bien identificados que operan ilegalmente, pero además deberían cancelarse los permisos por parte de la Semarnat para la tala comercial de bosques ya que muchos aserraderos legales se prestan para regular la madera talada clandestinamente.
En Chiapas la tala de arbolado ha sido permitida por funcionarios de todos los niveles, dado que el aprovechamiento clandestino deja unos 100 mil millones de dólares en ganancias anualmente, aunque las comunidades que explotan los bosques apenas cobran dos mil pesos por camión de madera, solo que la pobreza se impone y la manera más fácil de obtener esos recursos es explotando a la naturaleza, que hoy por hoy, está cobrando facturas con la contaminación que por primera vez se tiene de manera alarmante en la capital del estado.
Por tanto, sería más impactante que el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, anuncie que ha cerrado aserraderos clandestinos que operan con toda impunidad y que cualquier persona le puede señalar en los municipios, a estar presumiendo operativos que solo alertan a los taladores y seguramente inhibirán por unos días el saqueo, pero una vez que no exista más vigilancia seguirán haciendo de las suyas, en cambio el clausurar y encarcelar a quienes realizan estas prácticas de forma ilegal, sería algo efectivo y definitivo para frenar la tala y comercio ilegal de madera en la entidad.
Lamentablemente pese a tener conocimiento de los aserraderos clandestinos que se ubican en muchas partes del estado, no solo en la Frailesca sino en el Norte, Altos, Selva y Sierra sigue la tala ilegal pese a que todas las zonas están sobreexplotadas, con falta de agua y actualmente con cambio de clima, aunado a que muchas de ellas han sufrido inundaciones en época de lluvias o calor extremo en temporada de sequía. La Semarnat, Profepa, Secretaría de Medio Ambiente, PGR, Protección Civil y hasta la FGE se hacen de la vista gorda cuando les engrosan las cuentas bancarias, pues no es ningún secreto que la madera es refacturada con permisos oficiales para luego venderla al norte del país y Estados Unidos.
De acuerdo a la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) el año pasado documentó a México como el tercer país con mayor manejo de madera ilegal para comercializar con Estados Unidos al mercado de muebles y servicios. La investigación ventila que Chiapas forma parte de una red internacional de ‘lavado’ de madera con facturas apócrifas de productos maderables, pero todo esto con la participación de autoridades ambientales que, insisto, se ciegan ante tales delitos, por lo que valdría la pena, tomar en cuenta la investigación y aplicar medidas extremas en medio de una situación que obliga al gobierno a actuar de inmediato y no con operativitos o anuncios sino con medidas drásticas.
De acuerdo a una investigación de Cuarto Poder en el 2018, los aserraderos con permisos han dejado de operar por los elevados costos de maniobra y la obligación de reforestar a la par de cortar árboles, pero mantienen los permisos y siguen dados de alta en Hacienda y la Semarnat, por tanto ocupan su documentación para legalizar madera talada ilegalmente, por eso, deberían cancelarse los permisos activos ya que desafortunadamente aunque la tala es ilegal al facturarse en los aserraderos permitidos esta se vuelve “legal” y difícilmente encuentra problemas hasta llegar a su destino final. Pero al comercializar tanta madera, ¿cómo explican que no reforestan? definitivamente con la complicidad de las autoridades ambientales y judiciales.

Con filo
El ex presidente municipal de Simojovel, Ángel Ivan Hidalgo Morales, presuntamente difundió un documento en el que se disculpa con el pueblo de Simojovel por el mal manejo de recursos públicos en su mandato y reparte culpas entre ex funcionarios de la administración anterior a quienes sindica de haberles dado millones de pesos e incluso haber comprado la candidatura en 30 millones de pesos. Asimismo revela que pagaba mensualmente al padre Marcelo Pérez la cantidad de 40 mil pesos por mantenerlo de su lado, acusa a los regidores de haberles dado un millón de pesos por el préstamo de Banobras y tres millones de pesos anuales en obras, de paso acusa a Omar Molina Zenteno, actual diputado independiente de haberle dado 10 millones de pesos, 80 mil pesos mensuales por la renta de volteos y tres obras por año, de paso señala al extesorero Gilberto Martínez y al exdirector de Obras Públicas, Roberto Gordillo, de haber sido salpicados con la corrupción que imperó en su administración y acepta que cobraban cinco por ciento en estimaciones y asignaciones de obras. El documento lleva su firma y de ser cierto, estampa la presión de la que fue sujeto, presumimos que por parte de la Auditoría Superior del Estado, que encabeza Uriel Estrada oriundo de Simojovel, eterno aspirante a la alcaldía de ese lugar y seguramente autor intelectual de este documento ya que Hidalgo Morales es su paisano, tiene una cola muy larga y fue la pieza idónea para hacer esta confesión que debe de tenerlo a un paso de portar la playera naranja en El Amate, sobre todo al aceptar todas estas culpas y al manchar la imagen de todos los exfuncionarios que involucra. Lo cierto es que se deben dar a conocer las auditorías y no solo municipales sino los resultados en las dependencias para que veamos que no solo se ensañan con algunos sino que la ley es pareja.

maryjose52@hotmail.com