FILO Y SOFÍA

Mary Jose Díaz Flores/

*Arely se lava las manos “hay medias verdades”, dice

En la corrupción en la que se ve involucrada la Coordinadora de Política Fiscal del ayuntamiento de esta capital, Silvia Arely Díaz Santiago, embarra a la Tesorera, Cristina Palomeque a varios secretarios a “instancias superiores”, a la Tesorería del Estado, al Colegio de Notarios y a un reconocido notario, al tiempo de revelar que son dos las propiedades rematadas en zonas residenciales; una en Las Arboledas y otra en La Hacienda, además de aceptar que tal como lo dijimos ayer en este espacio hay pendientes 1,777 embargos. En una entrevista transmitida en vivo por la periodista Itzel Grajales, la funcionaria involucra a todas sus colaboradoras para que asientan que el procedimiento fue legal, pese a que nunca se notificó personalmente al que era dueño de la propiedad presuntamente con un valor de diez millones de pesos que fue rematada en un costo nueve veces menor al real, solo por que adeudaba 150 mil pesos en predial.


Díaz Santiago ha sido expuesta en diversas ocasiones por actos de corrupción, pero el caso del remate de una casa en Arboledas, que era propiedad de Salatiel Morales se sale de control y para defenderse, se lava las manos y afirma que “hay medias verdades” involucrando a todo el gabinete, sin mencionar nombres. Sumamente nerviosa, le da vueltas a la entrevista e involucra a la contadora Yeni, a la contadora Argelia y a la maestra Anguiano, de quien destacó el cariño que le tiene, hágame el favor; después habla de los descuentos del 20, 10 y 5 por ciento en el pago de predial los primeros meses del año y luego reconoce la sensibilidad del presidente Fernando Castellanos para facilitar a los deudores el pago de sus impuestos.
Posteriormente la funcionaria municipal se asumió como el INE e hizo un llamado a que los propietarios de viviendas que cambien de domicilio informen al Ayuntamiento para no ser sorprendidos con embargos como este, pero a como dio lugar, evadió la pregunta de que se le hubiera entregado de manera personal la notificación al dueño de la vivienda rematada, por el contrario, enseñó publicaciones de edictos en un diario de poca circulación y en el Diario Oficial, lo cual, es una prueba más de que hubo dolo en el manejo de este caso y al intentar defenderse saca a relucir una red de presuntas complicidades.
A la pregunta de por qué no se embargaron joyas u otros bienes menos lascivos de Salatiel Morales, Díaz Santiago, se apresuró a justificar que no se embargaron otros bienes porque es una casa abandonada y consideró que es muy lascivo quitarles su televisión o refrigerador que embargarle la casa ¡por Dios! ¿Qué tiene en su cabeza, esta funcionaria? De inmediato, dijo que “como persona es una situación bastante compleja, el ser, se puede mencionar, la mala de la película, pero te puedo mencionar que estamos cumpliendo con nuestras facultades por Ley y nuestras obligaciones”, al mismo tiempo pidió disculpas a título personal, “yo no tengo ningún interés personal” y remató asegurando; “yo tengo superiores, dependo de la Tesorería y esto se ve en un grupo conformado por secretarios e instancias superiores”, es decir, involucra a otros funcionarios, sin mencionar su nombre para llevarse a todos por delante, ante la exhibida de la que es objeto.
Además Díaz Santiago, afirma que para realizar los remates de acuerdo a la Ley tuvo el apoyo del Colegio de Notarios, de un notario reconocido de la ciudad que ha realizado varios remates de bancos, de la Tesorería del Estado para que verificara que todas las actuaciones estaban bien y de paso resalta que se dicen “verdades a medias” en este tema, en el que se defiende involucrando al estado y a “instancias superiores”, tras revelar que no es la primer acción, “ha habido remates de 10 mil pesos de bienes inmuebles”. Asimismo, reconoce su amistad con el comprador de la casa de Arboledas pues asegura es su cliente en el restaurante de mariscos de su propiedad.
Tras las desafortunadas declaraciones de la funcionaria debe abrirse una investigación para determinar quienes son las “instancias superiores” y por qué Díaz Santiago, involucra a Tesorería Municipal y Estatal e incluso al Colegio de Notarios en estas acciones poco transparentes que reconoce en este video que puede volver a ver en redes sociales.

CON FILO
En el marco del XVI aniversario de la fundación del Órgano Superior de Fiscalización, Alejandro Culebro Galván encabezó un evento deportivo. Ahí el funcionario reveló que hay procedimientos en contra de 30 expresidentes municipales que no presentaron la Cuenta Pública 2010-2011 y que han sido sancionados reiteradamente hasta llegar al procedimiento penal, por evadir esta responsabilidad. Los casos los tiene en su poder la Fiscalía General del Estado, por lo que los exediles deben preocuparse ya que seguramente andan por ahí sin ninguna pena, pero están en la lista negra por no rendir cuentas; además el funcionario reveló que se trabaja de manera exhaustiva para que todos los ayuntamientos estatales que están en funciones cumplan con sus responsabilidades y a quienes no lo hagan reiteró que están las sanciones administrativas que de ninguna manera están relacionadas con los partidos políticos, sino con el cumplimiento de obligaciones legales con todos aquellos que manejan recursos públicos y que deben conducirse con transparencia hacia los ciudadanos. Cabe mencionar que en la lista de los acusados hay expresidentes municipales de todos los colores pues la fiscalización no es un tema relacionado con lo político, sino con la transparencia…/// En un comunicado el Consejo Mayor del Municipio Indígena de Cherán K’eri, en Michoacán, declaró su solidaridad con “los Municipios Indígenas Tseltales de Chilón y Sitalá, quienes cansados de las divisiones causadas por los partidos políticos y de la corrupción e ineficiencia de sus administraciones municipales, ingresaron una solicitud el pasado 17 de noviembre de 2017 ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (IEPC), con el objetivo de que se reconozca su derecho a la libre determinación y autonomía para el nombramiento de sus autoridades según su propio sistema normativo indígena, así como su modo de ejercer el gobierno según sus principios ancestrales de servicio y armonía comunitaria.” Igualmente, hacen un llamado a las demás comunidades para que “ejerzan su derecho a la libre determinación y autonomía”.
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