ARTÍCULO ÚNICO

Angel Mario Ksheratto/

*Chiapas, tierra asolada

Desde hace algunos años, en lo que va del sexenio, hemos visto a funcionarios municipales exhibidos públicamente, por turbas de gentes indignadas por la falta de resultados en la administración pública. La protesta es válida, legítima, aunque los métodos chocan y agreden los derechos humanos, principalmente porque muchos de los secuestrados, son funcionarios de tercer nivel, que no son los que ordenan el desfalco colectivo que obliga a tomar medidas de esa naturaleza.


En algunos casos, se ha procedido con extrema violencia, sadismo inaudito y salvajismo inaceptable. Recién, vimos a policías de Jaltenango, sometidos y bajo la consiga popular de ser cremados vivos; en El Bosque, funcionarios municipales permanecían colgados en medio del monte, luego de haber sido secuestrados, en sus propias casas, por comandos de gente fuertemente armada. En San Juan Chamula, asesinaron al alcalde y colaboradores en plena plaza pública.
Casi todos los días, se tienen noticias certeras de ese tipo de acciones, lo que ha elevado dramáticamente el nivel de violencia en Chiapas, un estado que, si bien ha tenido permanentes conflictos sociales, no había llegado a condiciones deplorables como las ahora vistas.
Ello evidencia dos cuestiones: primero, la ineficacia del gobierno para atender las carencias en los municipios, erradicar la corrupción y cumplir con las promesas de campaña. Muchos de los problemas sociales, se han derivado de la falta de cumplimiento de los protocolos y normativas para transparentar el uso de los recursos públicos.
Segundo, la falta de autoridad moral y constitucional para meter orden y firmeza entre quienes, basados en la incompetencia oficial, han llevado sus protestas a límites nunca antes vistos.
Esa ausencia de poder, de gobernabilidad, ha provocado que cada alcalde, haga lo que mejor le convenga en su municipio. En el caso de Jaltenango, por ejemplo, la alcaldesa ha cometido cualquier cantidad de excesos y desvíos del erario, que obligó a la gente a tomar medidas extremas.
Igual ha sucedido en El Bosque y si revisamos municipio por municipio, encontraremos preocupantes desvíos de recursos, amén de la falta de éstos que, como en el caso de municipios pequeños, no les han sido ministrados por la secretaría de Hacienda, que es otro de los grandes problemas que está llevando a los ciudadanos a cometer graves ilegalidades.
En lo concerniente a la conflictividad desatada a todo lo que da, del sector gubernamental, poco o nada se sabe. Por ejemplo, no se ha sabido si los secuestrados en distintos municipios, han sido liberados y tampoco se sabe a qué arreglos han llegado y mucho menos, si hay detenidos por esas acciones.
La relación del gobierno con los medios de comunicación, está totalmente rota. Esa es la razón por la que no se informa, no se sabe y ello, contribuye a la incertidumbre y alimenta rumores que, como quiera que sea, minan aún más la credibilidad en el gobierno actual. La poca información que circula desde el oficialismo, aparte de escueta, es imprecisa, pobre y carente de pruebas.
La ingobernabilidad es un hecho inocultable; los chiapanecos —asolados por turbas y saqueados por una casta de políticos jóvenes que prometieron un cambio radical en la forma de gobernar, y terminaron siendo peor que los políticos tradicionales—, parecen no tener alternativa alguna para solucionar sus problemas
En esas condiciones, mucho tememos que las calenturas propias de un proceso electoral, desborden definitivamente los ánimos y nos veamos, no muy lejos en el tiempo, en medio de un conflicto político y social, mucho mayor del que ahora vivimos. Llámenme catastrófico si quieren, pero el panorama, no pinta más que nubarrones.
En esa vorágine de irresponsabilidad gubernamental, todo mundo hace lo que quiere, principalmente en los municipios. Hace unos días, se supo que el Síndico de Copainalá, enterró a un pariente en el patio de su casa, contraviniendo así, las leyes sanitarias y otros reglamentos de observancia general. Puede que en el tema que nos ocupa, no quepa, ni se acople a la tendencia violenta que se vive.
Pero es una muestra de la total falta de autoridad y el descarado incumplimiento de las leyes. Es una muestra de la falta de respeto a las figuras constitucionales que fueron electas para cumplir y hacer cumplir la Constitución, tanto de México, como de Chiapas.
En ese contexto, nada bueno esperemos. Y sí, preparémonos para lo peor, hasta en tanto, no se restablezca el estado de Derecho y no exista un gobierno serio, responsable, comprometido y efectivo.


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