SEMÁFORO

Exal Baltazar Juan Avila/APyPM

**DE D.F. A CIUDAD DE MÉXICO ¿UNA SOLUCIÓN A LA CORRUPCIÓN?
**Turismo en Chiapas… ¡Ojala Fuera Cierto!**
 
VERDE.

Para muchos es conocido el cambio de nombre del Distrito Federal a Ciudad de México (Cd. de Mx.) y quienes han tenido la oportunidad de viajar a la capital de la Republica han notado que los taxis se distinguen por dos cosas, el color rosa con blanco y las letras “CDMX” esto se debe al “cambio radical para una ciudad que, hasta 1997, el presidente de la Republica designaba un regente considerado parte del gabinete federal.

La figura se convirtió en un jefe de gobierno electo a partir de una reforma. Y ahora, cuando la constitución entre en vigor en septiembre de 2018, habrá un gobernador. Los 16 distritos, llamados delegaciones, pasarán a ser un número todavía indeterminado de “demarcaciones” con alcaldías y cabildos propios, y la asamblea legislativa ahora será un congreso por lo que para el año 2018 también entrara en vigor una Constitución Política.
Las nuevas autoridades serán elegidas a mediados del año 2017. Para entonces, la constitución deberá haber atendido “muchos retos”.

AMARILLO.

Una de las últimas sesiones de votación duró 137 horas, la más larga en la historia de México, podrían enfrentar apelaciones por parte de las autoridades federales si se consideran incompatibles con el resto del país. Esta constitución, por ejemplo, incluye un sistema de revocación de mandato, algo inédito en México, lo que podría hacer que algunos políticos intenten derogar algunos artículos, señala Juan Manuel Mecinas, profesor e investigador en derecho constitucional del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Mecinas cree que, con la creación de un congreso propio para Ciudad de México, también podría “aumentar la burocracia”. Un lastre poco deseable en una ciudad donde un grupo de activistas acaba de inaugurar un “Corruptour“: un bus que recorre (entre otros lugares) una estación de la línea 12 del metro, cuya construcción estuvo rodeada de denuncias de licitaciones presuntamente amañadas.
Hay otras medidas que han despertado polémica por parte de constitucionalistas, entre ellas el hecho de que nuevos órganos, como un instituto de planeación, tendrían obligatoriamente que consultar a consejos ciudadanos para la toma de decisiones. Para el constitucionalista mexicano Eduardo Castellanos, esos consejos “constituyen una abdicación de las responsabilidades de los representantes populares al colocar sus facultades esenciales en manos de ciudadanos sin una responsabilidad política, mucho menos legal”. Castellanos cree que esos mecanismos de participación ciudadana “van a generar ingobernabilidad”.
Buenos Aires ya pasó por un proceso similar y continúa teniendo algunos problemas por ser, como Ciudad de México, sede de autoridades tanto locales como federales. “Esa doble condición es difícil de resolver y ha traído conflictos interjurisdiccionales” porque “conviven dos jefes”, señaló Pablo Riberi, constitucionalista de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Pese a las críticas, los impulsores del proyecto mexicano esperan que pueda servir como ejemplo a seguir. Está previsto que derechos como el acceso al agua potable sean exigibles, lo que significa que los habitantes de la ciudad podrán acudir ante instancias judiciales para demandar acciones específicas de las autoridades. Eso es algo que “puede replicarse, si sale bien, y ser una fuente de cambio de la relación entre ciudadanos y autoridades”, dijo el diputado Carlos Gelista”. (Danielle Villasana para The New York Times).
Mientras tanto Marina Franco y Albinson Linares dicen en su artículo: “El Distrito Federal ya no existe. Con la promulgación de su primera constitución este domingo 5 de febrero, en el 100 aniversario de la carta magna mexicana, la capital se convierte oficialmente en Ciudad de México y en la entidad federativa 32 del país, con una nueva estructura política y derechos fundacionales como el matrimonio igualitario o el uso de la marihuana para fines médicos.
Ese cambio, además, se da con un documento que buscó encapsular “las aspiraciones de la ciudadanía” como nunca antes, dijo Katia D’Artigues, integrante de la asamblea constituyente que culminó el 31 de enero con la firma del documento.
Desde que inició el proceso para redactar el proyecto de Constitución Política de Ciudad de México, que comenzó a ser discutido por la asamblea el 15 de septiembre de 2016, los mexicanos fueron invitados a participar y hacer propuestas. Hubo un sondeo oficial sobre los temas más relevantes que debían discutirse, y las autoridades incluso entablaron una alianza con change.org: los ciudadanos podían presentar peticiones a través de esta plataforma, y los redactores del proyecto y hasta el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se comprometían a responder personalmente a las propuestas que más firmas tuvieran.
“Se generó una dinámica de empoderamiento ciudadano”, dijo Aurélien Guilabert, asesor externo para la asamblea constituyente y fundador de Espacio Progresista, una de las organizaciones de la sociedad civil que impulsó la inclusión de diversas voces mexicanas.
A comienzos de 2016, se formaron colectivos universitarios para impulsar diferentes temáticas para la discusión en la asamblea, como el acceso a derechos digitales —la constitución promete internet gratuito en todos los espacios públicos de Ciudad de México— o la inclusión del libre desarrollo de la personalidad (incorporado en el artículo 11, que prevé el derecho a la autodeterminación en cuestiones como identidad de género o derechos sexuales). Para la redacción de la constitución llegaron casi mil propuestas ciudadanas.
“Podría antojarse como que iba a haber poca participación si lo abríamos al público. Finalmente fue lo contrario; me pareció abrumador en un sentido positivo”, dijo el diputado Carlos Gelista, secretario de la comisión de la carta de derechos. “Hubo quien hizo trabajos completos de su propia constitución”.
E incluso cuando había ciertos límites para la participación ciudadana, como no poder “entrar físicamente a la asamblea”, reconoció Guilabert, los interesados hallaron la forma de hacerse oír: “A través de WhatsApp”, dijo, se mandaban mensajes a los diputados constituyentes y sus asesores para cabildear.” (Danielle Villasana para The New York Times).

ROJO.

La duda: ¿Este cambio evitara la corrupción o brindara la oportunidad a más funcionarios corruptos?

SEMÁFORO DESCOMPUESTO.
TURISMO EN CHIAPAS… ¡OJALA FUERA CIERTO!
“Con la Ley de Turismo se incentiva la inversión y la generación de empleos.” Fue el título de la nota difundida por el gobierno del estado de Chiapas el pasado mes de febrero al comparecer ante la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional de la Sexagésima Sexta Legislatura como parte de la Glosa por el Cuarto Informe de Gobierno, el secretario de Turismo del Estado, Mario Uvence Rojas; en el cual dijo: “el turismo es la palanca de desarrollo económico del estado, tan es así, que en 2016 la entidad recibió la visita de 5 millones 616 mil 972 personas, obteniendo una derrama económica de 18 mil 782 millones de peso.” Agrego que a cuatro años de gobierno de Manuel Velasco Coello; 19 millones de visitantes trajeron a la entidad recursos por un monto de 60 mil 767 millones 484 mil 819 pesos”.
Además dijo: “los aeropuertos Ángel Albino Corzo, Tapachula y Palenque reportaron durante el 2016 un millón 599 mil pasajeros lo que representó un aumento de 14 % en comparación con el 2015; mientras que a Puerto Chiapas arribaron 20 cruceros con 43 mil personas a bordo lo que generó una derrama de un millón 771 mil dólares.”
Con el pretexto de incentivar la economía en este rublo miles de millones de pesos son invertidos en publicidad, sin embargo, la realidad es proyectar la imagen del gobernador quien prepara su huida al finalizar su sexenio, ya que la economía de la mayoría que se dedica al sector hotelero, restaurantero, etcétera, sobreviven gracias a sus propios recursos y estrategias utilizadas.
 
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Tapachula, Chiapas, México.