COMENTARIO ZETA 

CARLOS Z. CADENA

Acusan al TEECH de actuar injusta y arbitrariamente contra mujeres violentadas.

La violencia contra las mujeres  es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Se producen muchos casos cada día en todos los rincones del planeta. Este tipo de violencia tiene graves consecuencias físicas y psicológicas sobre las mujeres, tanto a corto como a largo plazo, al impedirles participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad.  Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública.

En Chiapas, este escenario de violencia de género, entre una regidora y un Presidente Municipal, que lamentablemente se dio en tiempos electorales lo que ha originado que el asunto se “politice” pese a que la esencia del quebrantamiento o  delito quedó plenamente constituido por un  órgano electoral, donde se presentaron pruebas y videos , sin embargo este fin de semana  el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) revocó el procedimiento especial sancionador que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), había determinado en contra del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Calos  Morales Vázquez.

Lo que ocurre es que la postal de violencia de género, se le está desestimando y casi desechando de porque justamente se viven momentos electorales en Chiapas, y podría pensarse que los protagonistas, una regidora y un alcalde municipal, cuyas sigla partidistas son contrarias, porque una pertenece al PRI y el acusado a una alianza partidista Morena, PES y PT,  no se le está dando el valor legal en la acreditación de todos los elementos que configuran la violencia política en razón de género. Es más interés electorero que elemental justicia.

 El caris del asunto se muto más a grilla electoral,  que en aceptar que privó una serie de elementos constituidos en violencia de género,  y que no se le otorgó la plusvalía legal del caso a la resolución final.  Podría pensarse que es una lucha de siglas y no un asunto de carácter legal donde curiosamente es el actual gobierno que más  ha proclamado por la defensa de las mujeres mexicanas. Evidentemente que quedan instancias federales para que la justicia se aplique  correctamente tanto la sala de Jalapa Veracruz, como la Sala Superior del TRIFE en la  capital del país.

Lo más trascendental del caso es que mientras en Chiapas se siguen creando leyes en defensa de la mujer chiapaneca, y que inclusive el pasado 26 de enero en el Congreso del Estado, se rubricó  el “Pacto Estatal por una democracia paritaria y libre de violencia de género” que fue firmada por todos los partidos políticos que existen en la entidad, en favor de la paridad y el respeto a los derechos humanos de las  mujeres, las cosas parecieran que van en sentido contrario.  Inclusive apenas también el pasado 16 de febrero las diputadas Adriana Bustamante Castellanos (MORENA)  y Valeria Santiago Barrientos, (PVEM)  presentaron una nueva propuesta de decreto, de desarrollo constitucional, para “la igualdad de género y acceso a una vida libre de violencia para las mujeres chiapanecas”.

Obviamente que el representante del PRI ante el Consejo General del IEPC,  José Alberto Gordillo Flecha, denunció  que esta resolución fue  injusta  y arbitraria contra las mujeres, escudados por mujeres magistradas que han dejado sin castigo a un misógino y soberbio político como Carlos Morales. Gordillo Flecha advirtió:

“Más que una decisión jurisdiccional por parte de las magistradas y el magistrado del Tribunal Electoral, es un pasaporte de impunidad que le brindaron a Carlos Morales y cualquier otro servidor público para mantengan una actitud misógina, machista y violentadora; es un acto de injusticia y de interpretación torcida de la norma en contra de los Derechos de las Mujeres”, concluyó. En fin.

Iniciativa para proteger derechos de las mujeres

Y hablando de mujeres y traiciones, la diputada local del PVEM, Valeria Santiago Barrientos,  junto a su compañera legisladora Adriana Bustamante Castellanos, de Morena, presentaron ante el Congreso del Estado de Chiapas la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, y del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Santiago Barrientos explicó que la presente Iniciativa propone adicionar la obligatoriedad de denunciar ante autoridades competentes cuando se tenga conocimiento de este grave problema social, principalmente si se trata de limitaciones, vulneraciones, condicionantes o suplantación del derecho de las mujeres a desempeñar el cargo para el que fueron electas o designadas.

Además de incluir como obligación de los distintos sujetos políticoelectorales de denunciar cuando tengan conocimiento de acciones u omisiones que transgredan los derechos políticos y/o electorales de las mujeres; además de establecer las infracciones para aquellos que sean omisos en denunciar o bien sean los generadores de este tipo de violencia.

 Finalmente, la legisladora por el Partido Verde, aseveró que en Chiapas no se tolerará la violencia hacia las mujeres en ninguna circunstancia, y que, de la mano del Ejecutivo estatal, Rutilio Escandón Cadenas, se trabajará arduamente para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Indígenas de Chiapas rechazan vacunarse contra el Covid 19.

 Desde inicio del mes de febrero,  los habitantes del poblado indígena de San Juan Cancúc, en Chiapas, rechazaron la posibilidad de aplicarse la vacuna contra Covid-19.  En un oficio enviado a las autoridades sanitarias de la zona, el alcalde de la población, José López, aseguró que la decisión fue sometida a consulta popular, y que los poco más de 24 mil pobladores decidieron que no se vacunarán. Los subsiguientes días aparece en el mapa el municipio de Tenejapa, donde la asamblea  de habitantes también acordó no participar en la vacunación. Le siguieron Oxchúc, Chamula,….”

 Las comunidades indígenas Tzeltales y Tzotziles enviaron documentos a sus respetivas autoridades municipales para informar que no aceptaran los módulos de  vacunación contra covid 19: “No nos vamos a vacunar porque aquí la enfermedad no llegó, no ha habido casos, para que, no ha habido un contagio de Covid. Mi familia tampoco se quiere vacunar”, Sharon Onofre Pablo, habitante de Pactetón municipio de Tenejapa, Chiapas.

 Más allá de la politiquería que se pudiera estar dando para que los indígenas de Chiapas no se vacunen, prevalece mucha falta de información, amen que el chip que trae la población es también la perversa  información de que en la vacuna están expandiendo el virus. Son muchos ingredientes que giran alrededor de esta contrariedad de salud pública  que se supone debe de ser todo lo contrario. Ahora si el virus de la desinformación está golpeando mucho el sentir de los indígenas chiapanecos, que según informaciones son miles de que si se quieren vacunar, pero reducidos grupos de poder se anteponen anta el escenario de salvar vidas en los altos de Chiapas.

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